EL PAN CHAMUQUEADO/ARTICULO DE FONDO

EL PARTIDO DE LA GENTE DECENTE
MIGUEL ANGEL GRANADOS CHAPA/REFORMA

Luis Paredes, ex alcalde de Puebla, ha reconocido su militancia en El Yunque durante más de 30 años y se siente con autoridad para denunciar el daño que éste hace al PAN, del que fue expulsado a raíz de su cuestionada gestión municipal.

Durante las primeras décadas de su existencia, Acción Nacional era percibido por no pocos de sus militantes y por una porción relevante de la sociedad como el partido de la gente decente. Aunque acontecimientos aislados no son suficientes para emitir un juicio general y definitivo, sí lo son para preguntarse si el contacto con el poder, y su ejercicio, han puesto al PAN en vías de dejar de ser la organización que satisfacía a quienes sentían asco por la política.

Dejo de lado el comportamiento panista en el proceso federal del año pasado y me limito a referir acontecimientos nuevos. El 4 de enero fue asesinado en Acapulco el diputado local José Jorge Bajos Valverde. No era panista, pero se le incluyó en el primer lugar en la lista de candidatos plurinominales. Panistas resentidos porque se les postergaba atribuyeron esa preferencia a un pedido especial del gobernador Zeferino Torreblanca a Manuel Espino, líder nacional del PAN. Aunque fue elegido alcalde de Acapulco y gobernador de Guerrero postulado por el PRD, Torreblanca se distancia de ese partido tanto como puede, y prefiere rodearse o recibir apoyo de sus amigos. César Bajos Valverde, hermano del legislador asesinado, es el vocero del gobernador guerrerense.

Torreblanca necesitaba en la legislatura local personas de su confianza para allanarse dificultades sin tener que comprometerse con el partido que lo postuló. Bajos Valverde ocupaba una posición clave en la Cámara local de diputados: presidía la Comisión de Presupuesto. Justamente el día de su asesinato se dirigía a una emisora a ofrecer una más de las entrevistas en que se había prodigado para explicar el presupuesto aprobado a fin de año. Su elección parece haber provocado más que despecho rencor en militantes panistas que se consideraban con mayor mérito para obtener esa posición. Tal es el caso de Aldy Manuel González Rodríguez y su esposa, la abogada Jacqueline Orta, que apenas logró ser diputada suplente de Bajos Valverde. Trabajaba, además, como secretaria del ex diputado federal Ángel Pasta Muñúzuri, ahora coordinador de delegaciones de la Procuraduría Federal del Consumidor. Quizá por eso el funcionario fue detenido e implicado en el caso, aunque se le dejó inmediatamente en libertad.

Del resentimiento los panistas ofendidos pasaron a los hechos. Con apoyo de su hermano Eder, González Rodríguez contrató a un matarife, Nicolás Cardoso Arteaga, que por 50 mil pesos, de los que recibió 20 mil como anticipo, accedió a ultimar a Bajos Valverde. Los tres fueron detenidos una semana después del homicidio, pero no así la presunta beneficiaria de la operación, Jacqueline Orta, ni el secretario general del PAN en Guerrero, Ramiro Arteaga Sarabia, prófugos de la justicia hasta el mediodía sabatino, pues contra ambos se libraron órdenes de aprehensión porque el juez respectivo encontró indicios de su participación en el trágico suceso. El panista número dos en Guerrero conocía al menos los propósitos de quienes mataron a Bajos Valverde.

No es la primera vez que panistas eminentes han sido llevados ante la justicia por delitos de sangre contra compañeros suyos de partido. Aunque en noviembre pasado fue absuelto después de vivir su proceso en la cárcel durante cerca de cuatro años, el ex alcalde Atizapán de Zaragoza, doctor Antonio Domínguez Zambrano, fue acusado del asesinato de la regidora María de los Ángeles Tamés Pérez que en agosto de 2001 denunció la existencia de una red de espionaje en la alcaldía de aquel municipio mexiquense, como parte de un vasto sistema de corrupción. Quienquiera que haya sido, la silenciaron como castigo a su acusación.

En el estado de México el PAN ha tenido muchos problemas por la falta de probidad de alcaldes y legisladores. No pocos presidentes municipales, además de abusar del erario (el de Ecatepec Agustín Hernández Pastrana se adjudicó un salario mensual de 420 mil pesos), fueron formalmente acusados, de extorsión, como Guillermo Espinosa en Huixquilucan y Julieta Villalpando en Coacalco. En 2000, la voluntad de 13 diputados panistas fue comprada por el gobierno de Arturo Montiel para impedir que la legislatura le fuera adversa. Un negocio semejante parece haberse consumado esta semana en Tabasco, donde el coordinador de la breve diputación panista (de apenas dos miembros) José Antonio de la Vega fue sustituido contra su voluntad por otra persona más dúctil a los intereses del nuevo gobernador Andrés Granier Melo. Como hizo Montiel, aunque a costo más bajo, Granier se curó del espanto de tener mayoría de oposición. La tenía de por sí el PRD, que ganó 17 curules contra 15 del PRI. Pero dos perredistas se pasaron a la bancada tricolor, y ahora hay un conflicto porque el perredismo busca que los suplentes de los tránsfugas asuman las diputaciones, porque, según su criterio, siendo plurinominales pertenecen al partido. En ese contexto, tanto en el pleno como en la Junta de Coordinación Política el voto panista se vuelve muy relevante. Y ya el gobernador ha obrado en consecuencia.

Luis Armando Reynoso Femat, gobernador panista de Aguascalientes, realizó una operación semejante en diciembre pasado, para ganar voluntades a favor de su proyecto de adquirir deuda pública hasta por 2 mil millones de pesos, mediante un mecanismo de bursatilización de los ingresos producidos por el impuesto sobre nómina. Los diputados panistas, lejos de solidarizarse con el gobernador, se opusieron a la medida, y Reynoso Femat dividió a la bancada y ganó el lance legislativo. Los diputados convencidos de ese modo son ahora independientes, y el gobernador ha reñido con la dirección estatal panista, que demanda su expulsión. El martes pasado, 9 de enero, el gobernador acudió al comité panista a explicarse. Un comunicado oficial informó que la dirección nacional "reiteró en el encuentro su disposición para servir como facilitador con el comité estatal del blanquiazul para llegar a un entendimiento sobre este asunto en particular. Tanto la dirección nacional del partido como el gobierno del estado acordaron agendar en los próximos días, una reunión con el comité estatal y los diputados locales de Acción Nacional para encontrar juntos una solución".

El presidente del partido, sin embargo, está él mismo en dificultades. El jueves 11 un plantón de personas llegadas de Puebla al Distrito Federal sirvió de marco a la presentación de un pedido de expulsión de los militantes de El Yunque, la organización secreta de extrema derecha a que pertenecen dirigentes entre quienes se incluye a Espino, y a quienes se acusa de postergar los principios del PAN a los lineamientos de la agrupación sigilosa violenta. Encabezó a esos peticionarios Luis Paredes, ex alcalde de Puebla, cuyas cuentas no fueron nunca aprobadas por la legislatura local, donde los diputados panistas se sumaron a ese voto. Paredes ha reconocido su militancia en El Yunque durante más de 30 años, y por eso siente tener autoridad para denunciar el daño que hace al partido del que fue expulsado a raíz de su cuestionada gestión municipal, aunque la justicia electoral le permitió recuperar su condición de panista.

Mañana lunes el comité nacional panista conocerá, en su reunión semanal, el espinoso caso de Yucatán. La elección interna de candidato a gobernador, el 17 de diciembre, estuvo marcada a decir de Ana Rosa Payán, que resultó superada por Xavier Abreu Sierra, por una "sistemática, constante y reiterada compra, coacción e inducción al voto, realizada a lo largo de la precampaña y en especial el día de la jornada electoral y aun después de ella". La dos veces alcaldesa de Mérida, y directora del DIF en los últimos meses del gobierno foxista, enumeró una abrumadora serie de abusos e irregularidades que parece copiada de la que el PAN presentaba ante los órganos electorales para denunciar el modo en que el PRI ganaba elecciones. La lista incluye hinchazón y rasuramiento del padrón, uso de recursos públicos por parte de funcionarios y presencia de los mismos en el proselitismo a favor de su principal contendiente. Sin ambages la precandidata derrotada asegura que "el apoyo de la estructura gubernamental hacia el precandidato Xavier Abreu Sierra es claro, al sumarse al equipo de campaña e incluso ser sus representantes, (y) acredita la intervención del gobernador en el proceso".

FIN